Mientras el gobierno nacional analiza como seguirá el cuidado sanitario de la población ante la amenaza de la pandemia, desde distintos sectores lo presionan para que las actividades se normalicen argumentando el resquebrajamiento de la economía nacional. Empresarios nucleados en la Asociación Empresaria Argentina (AEA) dieron a conocer un comunicado reclamando «acciones que posibiliten una vuelta ordenada al trabajo y la producción».

La asociación reconoce el esfuerzo en conjunto realizado hasta ahora, y su éxito para combatir al coronavirus. «Desde la ciudadanía y el Gobierno de nuestro país hemos hecho un esfuerzo muy importante y exitoso para contener la propagación del coronavirus. Este logro tiene que consolidarse y para ello deben alentarse acciones que posibiliten una vuelta ordenada al trabajo y la producción, manteniendo las medidas de protección a los trabajadores, preservando la seguridad de las personas y el distanciamiento físico», sostiene el comunicado de AEA un nucleamiento que es integrado, entre otros, por poderosos empresarios como Paolo Rocca, Luis Pagani, Carlos Miguens y Alfredo Coto.

Por encima de la necesidad cierta de retomar lo antes posible la actividad productiva del país, este grupo de empresarios prioriza la economía por encima de la salud de la población. Además, ha dado muestras claras de estar enfrentado a un gobierno que no responde a las expectativas de sus intereses. La actitud de Rocca es un ejemplo de ese enfrentamiento. El máximo responsable de Techint no tuvo empacho en desacatar un DNU del Poder Ejecutivo prohibiendo los despidos, lanzando a la calle a 1450 de sus trabajadores.

Detrás de este comunicado de AEA hay una intencionalidad política de taconear al gobierno en momentos que impulsa una ley para recaudar fondos, entre las 11.000 personas más ricas del país, con el fin de equilibrar en algo su propia balanza de pagos ante los gastos extraordinarios que está teniendo en el combate al coronavirus. Los multimillonarios ya han hecho escuchar su protesta, no quieren aportar ni un céntimo. Son acompañados en el miserable mensaje por comunicadores que, haciéndose pasar por periodistas, desparraman la intención gubernamental como si se tratara de un nuevo impuesto (no lo es porque se trata de un único pago tal como especifica el proyecto de ley). Opinadores que fogonean cacerolazos replicados por algunos pocos incautos y una más numerosa cantidad de canalizadores de un odio que arrastra viejas historias.