Por Claudio Leveroni

La séptima en 10 meses de gobierno de Alberto Fernández no fue una marcha opositora más. Hay aristas de la movilización de este lunes que resultan necesarias leer para advertir en que aguas navega nuestra democracia. La insistencia en esmerilar al gobierno ya no es solo una cuestión destituyente o partidaria con mirada electoral que fogonea el ala dura de Juntos por el Cambio. Asoma algo más profundo que se ensambla con una corriente de pensamiento que ha tomado fuerza en distintas regiones del mundo y condiciona la evolución positiva de las democracias como sistema de representación política.

Detrás del cóctel de consignas que muestran estas movilizaciones, abanicando temas tan diversos como disparatados, subyace un objetivo mayor de profunda raíz individualista. Sectores atrapados por el mensaje que los llama a resistir los nuevos derechos que buscan igualar posibilidades en las sociedades.

Tal como sucede en las leyes físicas, la evolución de la vida en sociedad también reserva una reacción para toda acción. Cada conquista social o económica que mejora la vida del grueso de la población deja un sabor amargo en los paladares de quienes se opusieron. Su acumulación fortalece la presión contestataria, la violenta. Las conquistas de nuevos derechos opera en determinados sectores sintiendo que esos avances representan retrocesos propios.

En los últimos años Argentina tuvo muchas reivindicaciones que resultan urticantes para la raíz social más conservadora de nuestro país. Basta recordar algunas. Una década atrás se sancionó el matrimonio igualitario, dos años después le siguió la ley de identidad de género. En esos días más de un millón de trabajadoras de casas particulares fueron reconocidas como tal y empezaron a dejar de ser “personal doméstico” para ser personas que deben trabajar en blanco. También hubo miles de mayores adultos que ingresaron al Plan de Inclusión Previsional. Fueron más de 6.600.000 los jubilados beneficiados, alcanzando la cobertura del 97% de las personas en edad jubilatoria, la más alta de Latinoamérica.

Se promulgó una nueva ley contra el trabajo infantil que opositores no votaron en el Congreso. Resuenan todavía en los oídos de este cronista el argumento de un senador entrerriano del Pro señalando su negativa a votar ese proyecto. Según su parecer la tarea de los niños en el campo forma parte de una cultura. Ese mismo legislador, en ocasión de la presentación de otro proyecto en 2016 contra el trabajo en negro, pidió la palabra durante el debate en el recinto para solicitar que la normativa contemple la posibilidad de trabajo infantil en las temporadas de cosechas.

La lista es más extensa aún. A la mayoría de estas conquistas se contrapusieron consignas negacionistas. Un sector social con histórico empoderamiento se instaló como si fuera el único aportante de los fondos necesarios para llevar adelante la financiación de los derechos adquiridos. Se conducen como dueños de la Argentina. Desde lo alto de la pirámide social derraman a su antojo para la sobrevida de los demás. Con esa petulancia volvieron a ganar algunas calles de la ciudad. Expresan una corriente de pensamiento que el psicoanalista Jorge Alemán definió como un neofascismo. Marcan una época que se moviliza en buena parte del mundo.

La situación le plantea al gobierno un extraordinario desafío. Debe concebir una estrategia para contrarrestar los efectos nocivos de este nuevo escenario. No es una cuestión de adversarios políticos. La exacerbación del individualismo es una ola que amenaza transformarse en un peligroso tsunami que surfea por encima de personajes de poca monta como Macri, o cualquier ex integrante de su gabinete. Interpretar las características de estos tiempos exige superar esa mirada corta y tomar determinaciones sin los titubeos que debilitan el poder signado desde la voluntad popular a través de las urnas.