La letra chica del acuerdo del Gobierno con el FMI en la renegociación de la deuda que adquirió irresponsablemente Mauricio Macri en 2018 se podría conocer íntegramente en las próximas horas. Por ahora, se conocen algunas grajeas relacionadas a su trazo grueso, los dos años y medio que marcan un paréntesis con la refinanciación de los vencimientos y 10 revisiones (una cada tres meses durante ese período) de funcionarios del organismo para determinar el cumplimiento de lo acordado.

El gobierno nacional remarca que es el acuerdo posible, evitando hablar de un buen acuerdo. Aseguran que no habrá ajuste ni reformas laborales o jubilatorias que son una constante del FMI en sus reclamos doctrinarios. El aumento de tarifas, que promediará el 20%, esta muy por debajo de los niveles de inflación que tuvieron los primeros dos años de gestión del actual gobierno.

Haber caído nuevamente en el FMI ha sido una determinación política del gobierno de Macri para alinear los intereses argentinos a la estrategia del principal país mandante del Fondo, los Estados Unidos.

El FMI no presta dinero para que se lo devuelvan, lo entrega para condicionar las políticas económicas de los países endeudados. Haberle otorgado a Macri el mayor crédito en la historia del organismo es un dato relevante que delata la importancia que tiene para los mandantes del FMI tener dominio sobre determinaciones estratégicas de nuestro país. Argentina mantiene una franja poblacional con conciencia de soberanía política que valora la independencia económica para encaminarla hacia una mejor distribución de sus recursos.

Bajo esta realidad todo parece indicar que el acuerdo está por llegar a su fin. Una señal de eso lo dio en las últimas horas el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Ilan Goldfajn, al comentar en una charla organizada por el Council of the América que se está «muy cerca con las autoridades argentinas para llegar a un acuerdo completo».