La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), desarticuló un grupo de firmas falsas dedicadas a la producción y exportación de ajo y cebolla que desde enero de 2020 evadieron impuestos por $2.400 millones y fugaron divisas por 176 millones de dólares mediante diversas operaciones fraudulentas.

En el marco de esta investigación, el organismo conducido por Carlos Castagneto también detectó irregularidades en la contratación de la mitad de los más de mil trabajadores que se desempeñan en los establecimientos involucrados. La AFIP presentó una denuncia en la justicia federal de Bahía Blanca por asociación ilícita y tentativa de contrabando documentada.

La investigación fue el resultado de un trabajo articulado entre la Dirección General Impositiva (DGI), la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGRSS).

Los productores y exportadores apócrifos habían armado una serie de firmas para declarar sus ventas al exterior de manera que cuando la AFIP detectaba la irregularidad y anulaba alguna de las firmas “fantasma”, inmediatamente pasaban a utilizar otra, igualmente falsa, hasta que también era descubierta y desarticulada.

Las tareas de fiscalización y control permitieron identificar 123 contribuyentes que realizaron estas maniobras y cuyos CUIT fueron dados de baja, por lo que quedaron imposibilitados para operar.

El principal destino de los envíos era Brasil. La mercadería, proveniente de Mendoza, Neuquén y Bahía Blanca, cruzaba la frontera por Clorinda (Formosa) y Paso de los Libres (Corrientes). La maniobra fraudulenta tenía por objetivo evitar cumplir con la obligación de liquidar los dólares en el mercado oficial para así mantener las divisas en el exterior o bien ingresarlas informalmente en el paralelo.

Para dimensionar la magnitud de la maniobra, cabe recordar que la Argentina exporta 150 millones de dólares de ajo al año y se ubica tercera en el ranking mundial de proveedores de esa hortaliza. El 70% de la producción se destina al exterior. En cuanto a la cebolla, el 30% se vende en el mercado internacional y genera ingresos por más de 20 millones de dólares anuales.

La AFIP constató la existencia de un conjunto de pequeños y medianos productores que comercializan estos productos dentro de un circuito marginal, utilizando como intermediarios productores apócrifos para, de esa forma, evadir el pago de impuestos. El circuito de estas operaciones comerciales quedaba cerrado mediante la venta de esa producción a un grupo de exportadores que, valiéndose de documentación falsa, exportaban el ajo y la cebolla adquiridos de manera informal. De esta manera, lograban hacerse de las divisas pero evitaban liquidarlas en el país.

Asimismo, el organismo pudo verificar la existencia de un grupo de personas relacionadas a lo largo de la cadena de producción y comercialización que conformarían una asociación ilícita tributaria con el objetivo de evadir el pago de impuestos. Estas personas se encargarían de la obtención de facturas apócrifas de compra en el mercado interno y de venta en el exterior mediante el reclutamiento e inscripción de sujetos sin capacidad contributiva, además de la emisión de comprobantes falsos. Por medio de este artilugio, los productores y exportadores de ajo y cebolla pretendían formar una “cáscara” societaria para darle una apariencia legal a su actividad fraudulenta.

El monto evadido estimado desde comienzos de 2020 por sus ventas en el mercado interno y externo asciende a $152 millones en concepto de Impuesto al Valor Agregado y $2.300 millones en impuesto a las Ganancias. Las cifras surgen de estimar una facturación acumulada de $7.900 millones. En cuanto a las divisas, se ingresaron solamente el 1% de los 178 millones de dólares que declararon haber exportado desde ese entonces, por lo que aún restan liquidar 176 millones de dólares, que fueron fugados del país.

Las tareas de la DGI y la DGA fueron complementadas por la DGRSS en materia previsional. Este área comprobó que 479 trabajadores de los establecimientos inspeccionados tenían irregularidades en su contratación.