La determinación del Gobierno Nacional, tomada a través de un Decreto, de aplicar corte en la provisión de agua potable y desagües cloacales a inmuebles deudores, ha sido jaqueada por un fallo de la jueza federal de San Martín, Martina Forns. La magistrada le ordenó al Estado Nacional suspender por seis meses la aplicación de ese DNU haciendo lugar a una medida cautelar presentada por la Unión de Usuarios y Consumidores y de Consumidores Libres Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios de Acción Comunitaria.

En su argumentación la jueza señala que se puede dar la situación que afecte a poblaciones vulnerables donde viven adultos mayores, menos o personas discapacitadas que ameritan especial protección. Se trata de personas que requieren especial protección ya que su situación se «encuentra reconocida tanto en el ordenamiento jurídico interno como en los estándares internacionales de derechos humanos».