Cumplido el objetivo de tener aprobado el presupuesto del año próximo el gobierno ahora apunta a lograr el mismo resultado con la reforma laboral. Esa es su próxima meta que, según adelantó la senadora Patricia Bullrich, será abordada por el senado el 10 de febrero.

La propuesta oficial viene generando fuertes rechazos en las centrales obreras y dentro del peronismo. Mientras el oficialismo la presenta como una modernización de las leyes laborales desde la oposición afirman que se trata de un enorme retroceso que da por tierra con derechos alcanzados y consolidados por los trabajadores.

Desde el sindicalismo organizado como desde el peronismo se define al proyecto como una iniciativa «regresiva, flexibilizadora y precarizadora» que amenaza derechos históricos de las y los trabajadores y no ofrece respuestas a la profunda crisis económica que atraviesa el país.

La CGT ya activó un plan de lucha con movilizaciones y difusión de los derechos que pierden los trabajadores si se avanza con ese proyecto del oficialismo que, entre otras cosas, plantea la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para favorecer el pago de indemnizaciones por parte de los empleadores del sector privado. También resaltan el impacto directo del ajuste en la industria nacional con consecuencias visibles en la destrucción de puestos de trabajo, el deterioro del mercado interno y el debilitamiento del entramado productivo en todo el país.