Desde el gremialismo se celebró la determinación de la justicia federal resolviendo la nulidad del protocolo antipiquetes que impuso el actual gobierno nacional durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad.

La CGT se manifestó a favor del fallo del juez Martín Cormick dejando sin efecto la resolución 943/2023. «Se cae una herramienta de criminalización de la protesta. Defendemos la libre expresión y los derechos democráticos: en la calle, en la Justicia y en el Congreso», señala la CGT en un comunicado firmado por su Consejo Directivo Nacional.

La CGT remarca que esa determinación judicial se dio como respuesta a una acción de amparo presentada por organización gremiales y de derechos humanos. El fallo «hace caer una herramienta de criminalización de la protesta como lo era el protocolo instalado por este gobierno», remarca el comunicado de la central obrera.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) su Secretario General, Rodolfo Aguiar, señaló que “esta decisión de la Justicia va a favorecer la masividad en las próximas movilizaciones porque, aunque ilegal, el protocolo cumplía con el objetivo de atemorizar e infundir miedo. La lucha contra la reforma laboral y el 2026 van a ser sin protocolo”.